Incendios forestales y verano se han convertido, lamentablemente, en términos inseparables. Las estadísticas revelan que la mitad de los incendios registrados cada año en nuestro país se producen en julio y agosto. Y España, cuyos recursos forestales ocupan casi la mitad de su superficie y que alberga la mayor biodiversidad de Europa, es uno de los países más afectados por los incendios.
Según Greenpeace, en la década de los 90 se produjeron una media de 18.000 incendios al año. Un informe de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) asegura que en las últimas cuatro décadas los incendios han atacado a 6,4 millones de hectáreas. Cien millones de árboles, cerca del 1% de toda la superficie forestal española, se queman cada año.
En cuanto a su origen, los datos del Ministerio de Medio Ambiente apuntan al ser humano. El 67% de los incendios, según esta fuente, son intencionados y el 11% se debe a negligencias, mientras que tan sólo un 4% se produce por causas naturales, como los rayos. La mano del ser humano como causante de los incendios queda en evidencia.
Aunque el área media y total incendiada está disminuyendo gracias a la mejora y ampliación de los medios de extinción, el número de incendios crece cada año. Según Greenpeace, esta tendencia se debe a factores estructurales, como el abandono del campo motivado por el éxodo rural, con un incremento de la biomasa en los ecosistemas que aumenta el riesgo de combustión y la permanencia de la costumbre, en los ámbitos rurales, de quemar rastrojos y pastos.
En cuanto a la normativa, la Ley de Montes, que entró en vigor en noviembre de 2003 para proteger mejor los bosques, supone, en opinión de varias asociaciones conservacionistas, un "coladero" para que cada comunidad autónoma la aplique según su entender y su conveniencia, con lo que en la práctica persistiría la posibilidad de recalificar terrenos quemados, lo que a su vez podría incitar los incendios provocados por los especuladores. Para evitarlo, el Gobierno central anunciaba recientemente un anteproyecto que modifica esta Ley; el objetivo sería que los terrenos forestales asolados por incendios no puedan recalificarse hasta que hayan transcurrido al menos treinta años.
Según Greenpeace, en la década de los 90 se produjeron una media de 18.000 incendios al año. Un informe de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) asegura que en las últimas cuatro décadas los incendios han atacado a 6,4 millones de hectáreas. Cien millones de árboles, cerca del 1% de toda la superficie forestal española, se queman cada año.
En cuanto a su origen, los datos del Ministerio de Medio Ambiente apuntan al ser humano. El 67% de los incendios, según esta fuente, son intencionados y el 11% se debe a negligencias, mientras que tan sólo un 4% se produce por causas naturales, como los rayos. La mano del ser humano como causante de los incendios queda en evidencia.
Aunque el área media y total incendiada está disminuyendo gracias a la mejora y ampliación de los medios de extinción, el número de incendios crece cada año. Según Greenpeace, esta tendencia se debe a factores estructurales, como el abandono del campo motivado por el éxodo rural, con un incremento de la biomasa en los ecosistemas que aumenta el riesgo de combustión y la permanencia de la costumbre, en los ámbitos rurales, de quemar rastrojos y pastos.
En cuanto a la normativa, la Ley de Montes, que entró en vigor en noviembre de 2003 para proteger mejor los bosques, supone, en opinión de varias asociaciones conservacionistas, un "coladero" para que cada comunidad autónoma la aplique según su entender y su conveniencia, con lo que en la práctica persistiría la posibilidad de recalificar terrenos quemados, lo que a su vez podría incitar los incendios provocados por los especuladores. Para evitarlo, el Gobierno central anunciaba recientemente un anteproyecto que modifica esta Ley; el objetivo sería que los terrenos forestales asolados por incendios no puedan recalificarse hasta que hayan transcurrido al menos treinta años.
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